¿hay un juez en cada ciudadano?
¿hay un juez en cada ciudadano?

Hace unos años escuché un interesantísimo programa de Freakonomics radio acerca de conocimiento y decisiones. La premisa partía de la duda de si saber más es actuar mejor. Para ello partían de un curioso caso en el que se comprobaba que de todo el personal sanitario que entra en un quirófano es curiosamente el más formado (los cirujanos) el que era más descuidado en las medidas profilácticas. Esto retrataba una interesante cuestión ¿de verdad saber más es obrar mejor? Bajo esta premisa se avanzaba al problema que realmente interesaba al equipo de Freakonomics: ¿Una mejor formación económica a los ciudadanos habría evitado la crisis?  Así que utilicemos debate para hablar de la transparencia, corrupción y elecciones.

¿Saber más es obrar mejor?

A lo largo del programa del que hablamos encontramos dos posiciones: o bien considerar que un mayor conocimiento de la economía habría evitado la severidad de la crisis, o bien que este enfoque responsabiliza al ciudadano de un fenómeno que pilló sorprendido a casi todo el mundo.

Aplicando esta máxima, la ley de  Transparencia y la cantidad de portales de transparencia, así como la afluencia de información sobre política y administración debería servir para que los ciudadanos tomaran decisiones más basadas en la “realidad objetiva de los hechos” que anteriormente. Si llevamos esto a un poco más adelante (sólo un poco más), nos encontraremos que, en consecuencia, si se eligen gobiernos que “no son buenos” o que “no son honestos” es culpa de los ciudadanos que lo eligen con esa información. Cualquiera que leyera las redes sociales españolas después del 26 de junio entenderá a la controversia a la que me refiero.

Si eligen los ciudadanos partidos políticos implicados en casos de corrupción, ¿son los responsables de la corrupción? y, si es así ¿son las medidas de transparencia las que dan a los ciudadanos los medios para ejercer esa responsabilidad?

Rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y la transparencia.

Partamos de que la Transparencia lo que hace es facilitar a los ciudadanos información de lo que los responsables públicos hacen. Dentro de ello podemos distinguir, entre otras, dos dimensiones: la eficacia y la legalidad. La eficacia corresponde a que lo que hacen las instituciones públicas es lo que la ciudadanía considera más adecuado: donde gastan el dinero, qué resultados genera en la sociedad, cómo evolucionan las acciones, etcétera. Del control de esta parte se encarga lo que los angolosajones llaman accountability que vamos a traducir (malamente) como Rendición de cuentas. La segunda dimensión, la legalidad, hace referencia a que la manera en la que se ejerce la acción pública se adapta a las normas que tiene que cumplir. Este segundo término es el que los anglosajones llaman compliance dado que se considera que su cumplimiento no es algo voluntario, sino obligatorio. Nosotros lo vamos a traducir como legalidad, aunque no es exactamente el mismo concepto.

Más allá del sector público, ambos aspectos, siendo necesarios en el sector privado, se controlan con mecanismos, responsabilidades y actores diferentes. Mientras que el accountability afecta a los accionistas de la empresa (tanto grandes como pequeños) la compliance se hace por agentes externos (públicos o privados, según la norma a la que corresponde) preparados para detectar aspectos ocultos o irregulares que otros agentes no apreciarían. Por ello debemos preguntarnos que capacidad de fiscalización ofrece la Transparencia a ambas dimensiones.

El alcance real de la transparencia.

Desde mi punto de vista (y no soy ni mucho menos un experto en control legal y presupuestario), la transparencia sigue un esquema similar al del sector privado. La presentación de contratos, evaluaciones, presupuestos, sueldos, etc. ofrecen, en el mejor de los casos, información correspondiente a la eficacia de la acción pública y, por lo tanto, a la rendición de cuentas.

En el caso del cumplimiento de la ley sólo puedo suponer que las tramas clandestinas de corrupción son tramas y son clandestinas y que su existencia no es evidente. Dicho de otro modo, muy posiblemente, los contratos de los escándalos más sonados de corrupción en España los últimos años pasarían sin despeinarse los filtros de un portal de transparencia (si es que no lo han hecho nada). De hecho, consideremos como señal que solo horas de investigación por parte de personal muy especializado y, en muchos casos, testimonios personales, sirven para obtener indicios y pruebas de su existencia.

Entonces ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano?

Desde mi punto de vista, los portales de transparencia, teniendo que existir para todo el mundo, están muy lejos de ser un instrumento eficaz para la mayoría de la ciudadanía. La mayor parte de su contenido  tal y como se presenta (incluso de la posibilidad de hacer preguntas directas) requieren conocimientos o intereses específicos para ser realmente útiles. De hecho, mi intuición va en a línea de que los principales usuarios de portales de transparencia son o empleados públicos o personas muy relacionadas con lo público, sin que esto no signifique que lo que pasa con la acción pública sea indiferente a los ciudadanos.

A partir de aquí, podemos entender que el contenido de la transparencia no es eficaz para el control real de la corrupción (al menos de la corrupción organizada) y que, como mucho, puede complicar un poco hacerla. Por otro lado, que el acceso y gestión de la información de los portales esté centrado en un perfil determinado de público hace que hayamos podido romper un poco la dependencia de la prensa sustituyéndola por otros actores (Como por ejemplo hace Civio con los Indultos o los incendios forestales).

Siendo estos aspectos críticos, considero que apuntalar parte de la lucha de la corrupción en la transparencia (e indirectamente en la ciudadanía) es un argumento falaz. Las medidas de transparencia tienen un problema de alcance con la legalidad. Asociar más transparencia con control efectivo de la misma es dejar a los ciudadanos el control de aspecto muy complejos y difíciles de detectar, cuando se ha escapado a las instituciones administrativas, policiales y judiciales, dado que en la mayoría de los casos depende de testimonios personales tener pistas para ni siquiera empezar.

A esto tenemos que sumarle un punto no menos importante: cuando una persona vota, salvo en caso de preguntas muy cerradas (y a veces ni eso, como parece haber pasado en el Brexit) no se elige sobre un solo tema. Es decir, posiblemente la corrupción sea un punto más para los ciudadanos a la hora de votar, pero desde luego no es el único y, en muchos casos, no el más importante. Incluso, aunque si lo consideraran, una parte puede entender que la responsabilidad de esa corrupción es algo penal y que es el propio sistema penal el que debe depurar responsabilidades sobre las personas y no sobre las instituciones.

En resumen (y como opinión personal), creo que la transparencia es una obligación democrática, que reordena el equilibrio de poderes entre lo público y la sociedad, abriendo el número de actores que controlan el funcionamiento efectivo del gobierno. Sin embargo, creo que poner demasiado el acento en el control de la legalidad es esperar algo de un instrumento no está preparado para ello e, indirectamente, responsabiliza al ciudadano cuando todo el sistema ha sido incapaz de evitarla. Vosotros ¿qué pensáis?

 

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